La Haya evidencia la clara parcialidad en este conflicto. Una decisión como esta debería estar respaldada por expertos y pruebas que validen la legitimidad de sus acciones. Sin embargo, hoy, una vez más, lo único que demuestra es que al pueblo de Israel se le niega el derecho de defenderse y se le obliga a justificar cada una de sus acciones, algo que nunca se ha exigido a ningún otro país a lo largo de la historia.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, su exministro de defensa, Yoav Gallant, y el líder de Hamás, Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Haya evidencia la clara parcialidad en este conflicto. Una decisión como esta debería estar respaldada por expertos y pruebas que validen la legitimidad de sus acciones. Sin embargo, hoy, una vez más, lo único que demuestra es que al pueblo de Israel se le niega el derecho de defenderse y se le obliga a justificar cada una de sus acciones, algo que nunca se ha exigido a ningún otro país a lo largo de la historia.
De parte de la Embajada de Israel, queremos hacer de su conocimiento un documento emitido por la Corte Penal Internacional sobre la situación en el Estado de Palestina. Este documento fue elaborado por expertos de grupos militares de alto rango de los países de España, Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda y Finlandia, quienes llevaron a cabo una exhaustiva investigación y análisis sobre los actos de Israel durante la guerra, desde octubre hasta julio.
Dentro de este documento hay hallazgos importantes sobre los esfuerzos de Israel. El punto número 7 hace referencia a la entrada y distribución de ayuda humanitaria: “Cualquier inseguridad alimentaria que existe actualmente en la población de Gaza no se debe a que Israel impida la entrada o distribución de ayuda en el territorio – sea de forma deliberada o arbitraria. Sino a los efectos inevitables de la guerra urbana a gran escala, agravados por el secuestro de la ayuda por parte de Hamas para utilizarlos para sus propios fines militares. Permitiendo que criminales confisquen y vendan dicha ayuda a sus propios civiles.” Dejando en evidencia el verdadero paradero de dicha ayuda que Israel proporciona. En el punto 16 se menciona que “Israel ha facilitado ayuda humanitaria a un nivel que no hemos visto ni a nuestros propios ejércitos hacer y desconocemos los esfuerzos o incluso la capacidad de nuestras fuerzas para llevar a cabo operaciones similares.” Desmintiendo una de las principales acusaciones hechas por la CPI, en la que se imputa la escasez de suministros médicos, alimentos y, en general, de ayuda humanitaria.
Otra acusación que se menciona son los ataques intencionales hacia la población civil de Gaza. Sin embargo, en el punto 18 del documento se demuestra que “es sabido que Hamás se incorpora de forma sistemática y omnipresente entre la población civil y complica el proceso de distinción, poniendo en peligro a los civiles al no llevar uniforme ni emblemas distintivos. Teniendo como estrategia utilizarlos como escudos humanos.”
Agregando el punto 21 que menciona las tecnologías utilizadas por las FDI: “Todo centro de operación de las FDI tiene acceso a un mapa en tiempo real con vigilancia aérea para verificar población civil.” Todo esto con el fin de mitigar las víctimas en operaciones militares contra terroristas.
Los integrantes de este grupo de alto rango concluyen que “No creemos que exista una base creíble para inferir que Israel carece de la capacidad o la voluntad de poner en marcha procesos nacionales de investigaciones y judiciales comparables a los de otros países y sus ejércitos.”
Israel ha dejado en evidencia su compromiso con la población civil de Gaza. El país continuará proporcionando asistencia humanitaria, al mismo tiempo que defiende a su propia población civil, tal como lo haría cualquier otro país si se encontrara en una situación similar.
De parte de la Embajada de Israel, hacemos un llamado a toda la comunidad internacional a rechazar dicha acusación. La cual demuestra un desajuste moral, transformando lo correcto en lo incorrecto y favoreciendo el discurso del mal. De igual manera, acusar a un Estado que actúa conforme al Derecho Internacional, es premiar a aquellos que la violan sistemáticamente. Las naciones justas y todas las personas con principios en el mundo deben rechazar de manera rotunda esta injusticia.
Documento de la CPI de Altos Rangos de Grupos Militares:
https://www.icc-cpi.int/court-record/icc-01/18-267